Nicaragua registra 139,803 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, marcando el total más alto desde el pico epidémico de 2019. Frente a este escenario, el silencio de las autoridades y la falta de una alerta epidemiológica oficial contrastan con la gravedad de la situación que ya ha costado la vida de 2 personas.
La inacción gubernamental ante la emergencia sanitaria es evidente. No se han ofrecido datos actualizados sobre hospitalizaciones o defunciones relacionadas con el dengue, y la comunicación oficial parece disminuir la importancia del brote actual. Este comportamiento se mantiene a pesar de que el número de contagios y de casos graves confirmados por laboratorio asciende a 6,144 y 14 respectivamente, según informes del Ministerio de Salud (Minsa) a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El aumento esperado por la naturaleza cíclica del dengue no ha sido suficiente para impulsar una respuesta estatal acorde. Los expertos critican el fracaso de las estrategias de control y prevención actuales, argumentando la necesidad de un cambio radical en la gestión de la epidemia. Nicaragua lidera la tasa de contagios en la región, con una proporción significativamente mayor que sus países vecinos, aunque, paradójicamente, reporta menos fallecimientos.
En el epicentro de la epidemia se encuentran Managua Jinotega, con una alarmante concentración de casos que pone en riesgo la salud de las poblaciones más vulnerables. Las campañas de fumigación levadas a cabo por el Minsa son esfuerzos visibles, pero insuficientes ante la magnitud del brote, que requiere una acción más decisiva y transparente.
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